En una sociedad cada vez más compleja y digitalizada, las administraciones públicas deben innovar en la creación de políticas públicas para que sus intervenciones sigan siendo relevantes. La formulación de políticas basadas en datos utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para capturar los beneficios de las nuevas fuentes de datos, como el Big Data para crear mejores políticas. ¿Pero qué es el Big Data?
Como su nombre lo indica, el Big Data se refiere a cantidades de información enormes en volumen, complejas en variedad y generadas a ritmos inigualables. El Big Data incluye transacciones con tarjetas de crédito, el uso de dispositivos móviles, el internet de las cosas y por supuesto, los likes, retweets y shares en redes sociales.
Si contabilizáramos nuestros viajes en UBER, tweets, búsquedas en Youtube y Google y la actividad de la televisión inteligente de la sala o el reloj inteligente en nuestra muñeca, tendríamos una enorme cantidad de información que, aunque a simple vista puede no tener ninguna utilidad, al juntarla con la de miles de usuarios en una comunidad o región, será cuestión de tiempo encontrar patrones comunes de esas miles de personas. Es por eso que las empresas han descubierto el valor de recolectar esta información. En algunos casos ha sido para mejorar el servicio al cliente, en otros para poder vender más y a más públicos.
En ese sentido, si el sector privado ha generado un sistema de inteligencia de negocios que ha permitido innovar el mercado, ¿qué oportunidades tiene el sector público de hacer lo mismo y mejorar la gestión pública?
Para el diseño, la implementación y evaluación de políticas públicas, el Big Data otorga la oportunidad de producir evidencia que ayude a la toma de decisiones. La evaluación de políticas públicas busca generar evidencia para conocer si una política pública logra su cometido, si llega a su población objetivo y cuáles son sus costos y beneficios reales. El Big Data podría facilitar el acceso a información que generalmente es difícil de recabar.
Los desafíos a los que se enfrentan los evaluadores en circunstancias normales suelen ser el alto costo de la recolección de datos, lo cual limita el tamaño de la muestra, dificulta la recolección en tiempo real, aumenta la cantidad de tiempo invertida y, por supuesto, resalta las complicaciones del trabajo de campo en espacios con grupos difíciles de alcanzar. En ese sentido, el uso de Big Data en la evaluación facilitaría el acceso a los grupos más difíciles, agilizaría la recolección de datos y lo haría más económico, sin mencionar que disminuiría el tiempo invertido en recolectar y analizar datos, lo cual permitiría que el evaluador pueda comunicar sus hallazgos de manera más rápida a los tomadores de decisión.
El Big Data ofrece la posibilidad de aprovechar datos disponibles en redes sociales, datos de GPS de teléfonos móviles e incluso búsquedas en internet para observar si una política pública está siendo exitosa o no. Este sistema de recolección de datos es todavía más atractivo para los evaluados en el contexto de la pandemia de COVID-19 porque presenta la ventaja de no tener que desplazarse para evaluar a los grupos de interés y en el caso de las políticas para prevenir los contagios, ayuda al monitoreo de desplazamientos y al cumplimiento del distanciamiento social.
A pesar del sistema ideal que pinta el uso de Big Data en la evaluación, no es posible ignorar la dificultad, casi obvia, de que los evaluadores amplíen sus habilidades de recolección de datos y que, además de estudiar arduamente para convertirse en expertos del análisis de políticas públicas, se entrenen para convertirse en hackers de la recolección y del uso de datos.
Además, el uso de Big Data asume que existe un sistema interinstitucional de agencias gubernamentales que enriquece las fuentes de información y no hace falta ser un experto para saber que no siempre es el caso. Otra limitación es que cuando se recopilan datos por canales digitales, estos solo son representativos de los usuarios que tienen acceso a las tecnologías de información y en regiones como Latinoamérica y el Caribe todavía existen limitaciones en este sentido. De igual manera, aunque viviéramos en un mundo donde toda la región tuviera acceso a internet, prevalece la pregunta de si es justificable invadir la privacidad de las personas mediante la recolección y explotación de datos masivos para solucionar problemas públicos.
A pesar de las limitaciones del uso de Big Data en evaluaciones, si ya existe un enorme pozo de información disponible para su explotación que tiene potencial de abrirle la puerta a mejorar las intervenciones sociales, el uso de esta información de una manera ética, complementada y bien organizada presenta la posibilidad de ayudar en la evaluación de políticas públicas. La adopción del uso de Big Data durante la pandemia, además de economizar el uso de recursos y estimular la efectividad de las políticas, ofrecería la oportunidad de incorporar permanentemente estos mecanismos dentro de la evaluación, aunque claro, sería imperativo considerar la protección de la privacidad del usuario. Incorporar el Big Data en su operación ha sido un protocolo común en la industria privada y considerando todos los beneficios que ofrece para la gestión pública, sería impensable que las administraciones públicas no buscaran innovar en su desempeño.
Con información de Animal Político